Contexto

Uno de los retos clave que se han identificado para superar las inequidades en salud que sufre la población gitana es su falta de compromiso y participación. En esta dirección, la Comisión Europea ha desarrollado un acuerdo marco para el componente de Salud de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana (ENIPG-S) para asegurar que la población gitana se beneficia de la Agenda de Salud 2020. En esta estrategia, la salud se entiende, además de como asistencia sanitaria, como el derecho a gozar de salud ambiental y ocupacional, de una vivienda y de salud y bienestar personal. Para alcanzar las metas de la ENIPG-S, los estados miembro se comprometieron a complementar y reforzar la legislación de la UE en materia de igualdad incorporando a la población gitana en los procesos de monitorización, difusión y fortalecimiento de las políticas. También se comprometieron a crear redes lideradas por la población gitana para fomentar la gobernanza en salud a nivel local. La gobernanza para la salud permite evaluar las asimetrías de poder en “la distribución de recursos económicos, intelectuales, normativos y políticos” y sus efectos en la salud. A pesar de estos esfuerzos, en 2014, la última encuesta española que compara la salud de la población gitana con la de la población no gitana mostró que el estado de salud de la población gitana no ha tenido mejoría, manteniéndose así la gran brecha existente. Algunos de los motivos para esta falta de impacto de las políticas son la falta de compromiso de la población gitana en el desarrollo y la implementación de las políticas y las acciones. Como consecuencia de esto, existe una baja implementación de las medidas acordadas, escasos recursos y un uso inadecuado del presupuesto, así como un deficiente apoyo y compromiso por parte de las instituciones y los agentes sociales envueltos.

En este contexto, la IX Reunión de la Plataforma de la UE para la Inclusión Gitana en 2015 ofreció un espacio ideal para conseguir asegurar la efectiva implementación de la ENIPG-S en contextos locales. La ENIPG-S y su Plan Operativo van en línea con las conclusiones de esta reunión. Así, la abogacía se fomenta organizando plataformas a nivel local en las que estén presentes diferentes agentes sociales, construyendo coaliciones efectivas entre los agentes sociales locales, nacionales y europeos para desarrollar políticas, prácticas y herramientas basadas en la evidencia – y las narrativas-. Los procesos de abogacía han de ser intentos organizados de lograr cambios transformativos en las políticas, las prácticas y las actitudes presentando argumentos de cómo y por qué debería suceder el cambio.